Legilación vigente sobre Sida

Argentina fue uno de los primeros países de América Latina y el Caribe que sancionó -en 1990- la Ley 23798 denominada Ley Nacional de Sida, presentada en 1989 por el Poder Ejecutivo Nacional.
La Ley 23798 establece que en ningún caso pueda afectarse la dignidad de la persona, ni que se produzcan efectos de marginación, estigmatización, degradación o humillación de las personas afectadas. También dispone que el Estado debe garantizar el acceso al testeo o diagnóstico, asegurando la confidencialidad (establece el Registro de enfermos codificado); que el testeo debe ser voluntario, y promueve el secreto médico y el acceso de todos los habitantes al cuidado y atención de la enfermedad. Esta ley fue reglamentada en 1991 por el Decreto 1244/91, que establece el requisito del consentimiento informado y reitera la confidencialidad frente al test y sus resultados.
En 1995 se aprueba la Ley 24455 que incluye la obligatoriedad de que las Obras Sociales dispensen los tratamientos médicos, psicológicos y farmacológicos de las personas con VIH/Sida y los programas de prevención del VIH/Sida y de drogadependencia.
En 1996, se aprueba en el Congreso la Ley 24754, que incorpora la atención de las personas con VIH/SIDA por parte de los seguros de salud privados: Medicina Prepaga.
Por último, existen Resoluciones Ministeriales que especifican y normatizan la atención de las personas que viven con VIH/Sida y ETS.
Resolución Nº 528/92, incorpora al Programa Médico Obligatorio (PMO) la obligatoriedad, por parte de las Obras Sociales, de participar en los Programas de prevención del Sida
Resolución Nº 454/92, regula en su Anexo, las normas que deben cumplir los preservativos
Resolución Nº 105/97, aprueba la Norma de Sida en Transmisión Madre-Hijo
Resolución Nº 625/97, define cómo deben considerar las Obras Sociales y empresas de Medicina Prepaga la cobertura en VIH/Sida
Otras leyes, decretos y normas que rigen el Sistema de Salud, asi como los derechos y garantías de los ciudadanos, tienen repercusión o incluyen protección de derechos aplicables a las personas viviendo con VIH/Sida y afectadas por el mismo.