Estados Unidos: Prácticas de detención inmigratoria ponen en peligro la salud y la vida

Casi 30,000 personas inmigrantes se encuentran detenidas en centenares de prisiones, cárceles y centros de detención inmigratoria en todo el territorio estadounidense. “El gobierno no tiene idea alguna de cuántas de estas personas viven con VIH o sida, cuántas requieren tratamiento y cuántas están recibiendo cuidados que son necesarios”, dijo Megan McLemore, del Programa de VIH/sida de Human Rights Watch.

El informe de 76 páginas, “Indiferencia crónica: Servicios de VIH/sida para personas inmigrantes detenidas por Estados Unidos”, documenta las experiencias de personas que viven con VIH/sida bajo custodia inmigratoria cuyo tratamiento para el VIH les fue denegado, demorado o interrumpido, lo que ha tenido como consecuencia un riesgo grave y, a menudo, daños para su salud. La investigación incluyó entrevistas a personas actual y previamente detenidas, funcionarios del DHS y de los centros de detención, así como una revisión médica independiente del tratamiento proporcionado. Según los hallazgos del estudio, los centros de detención que alojan inmigrantes que viven con el VIH no brindaron medicamentos antirretrovirales en forma consistente; no realizaron las pruebas de laboratorio necesarias; no garantizaron la continuidad de los cuidados, como tampoco aseguraron la confidencialidad ni protección contra la discriminación.

Contrario a las obligaciones de Estados Unidos en materia de derechos humanos, a las protecciones constitucionales y a las recomendaciones de prácticas óptimas, las normas de detención del Departamento de Seguridad Nacional referidas al VIH/sida no son compatibles con los criterios tanto nacionales como internacionales de una atención apropiada. Adicionalmente, la agencia hace muy poco para que se apliquen los estándares mínimos que esos criterios establecen. “Aunque el gobierno de Estados Unidos subcontrata cárceles y centros locales en todo el país para que se ocupen de una gran parte de la detención inmigratoria, no puede evadir su responsabilidad de proteger el bienestar, la salud y las vidas de inmigrantes que viven con el VIH”, dijo McLemore.

El informe destaca la muerte de Victoria Arellano, una mujer transgénero de 23 años de edad que vivía con VIH/sida, quien murió en julio de 2007 después de haber permanecido durante ocho semanas en un centro de detención en San Pedro, California. Supuestamente, a Arellano se le negó tratamiento y se enfermó de gravedad. Aunque otros detenidos en su misma unidad habitacional les avisaron a los guardias que ella necesitaba atención médica, éstos la dejaron sufriendo en su litera mientras su condición empeoraba. Cuando por fin se le llevó a la clínica del centro de detención, fue hostigada y ridiculizada por el personal. Poco antes de morir, Arellano les contó a sus compañeros de celda que eso “fue una pesadilla”.

“El Departamento de Seguridad Nacional debe optimizar sus políticas, así como vigilar más cuidadosamente y asegurar que las personas inmigrantes detenidas que viven con VIH o sida reciban un tratamiento eficaz”, dijo McLemore. “De lo contrario, estas personas continuarán sufriendo, e incluso morirán, mientras se encuentren bajo la custodia del gobierno de Estados Unidos”.

Este artículo es publicado gracias a Xabay Spinka Editora de Human Right Watch quien nos ha solicitado que lo publiquemos en este blog.